Las políticas que implementará el nuevo gobierno para el sector minero son clave para el futuro del país. La minería representó en los últimos 10 años, en promedio, el 61 % de las exportaciones y el 11 % de los impuestos recaudados en el Perú. Ante las buenas perspectivas de los precios de los minerales, aumentar la captura de ingresos fiscales de la minería es importante, pero el debate no se agota ahí.
De acuerdo con reciente evaluación del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR), que evalúa las políticas y prácticas de gobernanza del sector extractivo, el sector minero peruano tiene un buen marco normativo, pero falta fortalecer la puesta en práctica o implementación de las normas relacionadas con temas ambientales y sociales.
Cumplimiento de normas ambientales y sociales
De acuerdo con el IGR 2021, en una escala del 1 al 100, el sector minero del Perú obtuvo una calificación de “buen” desempeño (75 puntos). Sin embargo, uno de los principales déficits de gobernanza identificados por los especialistas de Natural Resource Governance Institute (NRGI), está relacionado con el cumplimiento de las normas ambientales y sociales, en temas como el cierre de minas, el reasentamiento y la compensación a comunidades por proyectos mineros.
Pese a que en el Perú los procedimientos de cierre de minas están explicitados por Ley, desde que se aprobó el reglamento para el cierre de minas, no se ha emitido ningún certificado oficial que acredite el cumplimiento de los planes de cierre de mina aprobados.
Por otro lado, no existen normas sobre el reasentamiento de poblaciones por proyectos mineros y la implementación se deja a la voluntad de las empresas. Esto puede crear conflictos en el futuro cercano. Por ejemplo, la actual ampliación del proyecto cuprífero Toromocho, que implica el reasentamiento de 65 familias en Junín, enfrenta ya un riesgo de conflicto.
Agenda de transparencia
Una de las áreas en las que el Perú mejoró es en la transparencia relacionada con datos de producción, reservas y exportaciones, así como el pago de impuestos y regalías de la minería. Pero hay dos temas en los que falta mejorar para seguir buenas prácticas internacionales. En primer lugar, el Índice recomienda que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publique la información sobre el pago de impuestos, regalías y otros, empresa por empresa y no solo un dato agregado de todo el sector. En segundo lugar, hace falta que transparente la información acerca de los dueños o “beneficiarios reales” de las empresas mineras. Revelar esto ayudaría a prevenir o identificar casos de corrupción o elusión de impuestos.
Una nueva oportunidad para fortalecer la gobernanza minera
El gobierno entrante tiene buenas perspectivas de recaudación por la alta demanda y precios internacionales de los minerales que produce el Perú. Esta demanda se explica, en parte, por el incremento del uso de nuevas tecnologías renovables para la transición energética global, como las baterías de vehículos eléctricos. Estas tecnologías son intensivas en el uso de minerales. Las políticas que defina el nuevo gobierno podrían sentar las bases para que el país, y en particular los territorios productores, se beneficien sustancialmente de un nuevo boom minero. Para eso es necesario garantizar el desarrollo de los territorios mineros y mitigar al máximo los impactos ambientales y la conflictividad social.
*Los resultados completos en www.resourcegovernanceindex.org
